Es en este contexto en que el Covid19 golpea al Ecuador con toda su fuerza y sorprende al país en una situación económica y política deplorable con lo que se agravan sus impactos. No se han hecho esperar las demandas de médicos, enfermeras y personal de salud de las instituciones hospitalarias públicas por no disponer de equipos y material para sus labores, y principalmente de los insumos indispensables para proteger sus propias vidas.  No es casualidad la incapacidad de respuesta desde las instancias gubernamentales al desastre sanitario de Guayaquil, la ciudad más golpeada por el Covid19 y también la más inequitativa del país.  Tampoco debe sorprender la incredulidad de la sociedad a las cifras oficiales del avance de la enfermedad obtenidas de una exigua realización de exámenes a los posibles contagiados.  En definitiva, no existen ni los recursos económicos ni el liderazgo político que permitan afrontar de mejor manera la crisis.

A esta catástrofe sanitaria y humana se suma el impacto en la vida de millones de ecuatorianos de la para por la cuarentena obligatoria, ya que, por los altos índices de informalidad, su subsistencia y la de sus familias depende de las actividades que estas personas realizan diariamente en las calles.  Asimismo, por el lado empresarial, más del 90% de las unidades productivas en el Ecuador son micro, pequeñas y medianas empresas, sin músculo financiero para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras que les permitan enfrentar solas la crisis.

En muchos países se ha dado cara a la pandemia en lo económico con soluciones inmediatas basadas en la inyección de dinero, vía crédito o subsidios directos, tanto a personas como empresas, a efectos de garantizar su supervivencia y mantener en lo posible los circuitos de pagos.  Mientras en el Ecuador, al contrario, las autoridades económicas pretenden extraer recursos a los trabajadores y las empresas para conformar un fondo que no se sabe para qué, y que será manejado bajo la discrecionalidad de una “junta de notables” en un esquema reñido no sólo con la técnica, sino con el sentido común y las disposiciones constitucionales.

Este escenario no augura nada positivo para el país y sus ciudadanos cuando ya se supere la crisis sanitaria.  Con una economía sin dirección, bajo la destructiva tutela de los multilaterales y sin liderazgo político, el panorama para los siguientes meses y años es oscuro.  Frente a esta desolación, la buena noticia es que salidas económicas las hay, pero en sentido contrario a la orientación de quienes realmente han gobernado el país en los dos últimos años.  Por ello, cualquier propuesta viable y efectiva en cuanto a sus efectos positivos en la sociedad o es ignorada, o estigmatizada políticamente, o simplemente denostada desde los grandes medios de comunicación mercantiles y sus rancios voceros, que en otras épocas comandaron a la economía nacional hacia sus desastres pretéritos.

A riesgo de sufrir de los desplantes de quienes apoyan el actual régimen de sumisión económica a los intereses de las élites, cabe hacer un breve ejercicio propositivo. Para ello, sin duda que el primer momento ávido de acciones inmediatas exige la canalización de recursos frescos para atender las necesidades del sistema de salud nacional.  Se requiere de dinero urgente para la adquisición de equipos e insumos de protección para el personal de salud, para medicamentos, instrumental y equipos médicos, y tristemente para darles el último adiós con dignidad a quienes sucumbieron por la pandemia.  Pero se requiere asimismo de ingentes recursos que puedan dirigirse a la cobertura de las necesidades básicas de millones de familias que no tienen casi qué comer por cuanto sus precarias actividades informales se han visto paralizadas.  Sin olvidar a ese número impresionante de empresas de menor tamaño, es fundamental que dispongan de créditos subsidiados que cubran sus necesidades financieras del corto plazo y puedan mantenerse hasta que la situación se normalice.  Todos estos esfuerzos se enmarcan en el objetivo fundamental de proteger la vida de las personas, seguido de evitar el colapso de los circuitos de pagos en estos aciagos días.

En una economía con su sector fiscal devastado no todo está acabado, lo cual también es buena noticia.  El Ecuador dispone de recursos económicos públicos y privados acumulados a nivel local y en el exterior. En el caso de estos últimos, se encuentran muy concentrados en pocas manos con poca voluntad de hacer uso de ellos en beneficio colectivo.  Así que con acciones inteligentes se pueden recircular aquellos que se encuentran en el país, y repatriar los que se encuentran en el exterior.  Para lo primero, el BCE puede jugar un papel fundamental a pesar de que se le amputó su capacidad de financiar al gobierno, elemento fundamental para el ejercicio de su función de “recirculación de liquidez”.  Pero todavía dispone de la capacidad de realizar “inversión doméstica”, esto es otorgar crédito a la banca pública  (también puede hacerlo a la privada), mecanismo que no afecta reservas internacionales y puede proporcionar los recursos necesarios para este primer momento.  Con la colocación de crédito en el Banco de Desarrollo del Ecuador (BdE) como intermediario para el direccionamiento de recursos hacia la población desde los GAD, se puede establecer un mecanismo de canalización de subsidios directos para las familias que están en el límite de la supervivencia.  Si bien es un crédito del BCE al BdE, y éste lo entregaría a los GAD para su transferencia como un bono a los ciudadanos, su repago que tendría que hacerse desde el gobierno central, es factible a través de las asignaciones futuras en el Presupuesto General del Estado hacia los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, operadoras de este esquema.

De esta manera, se estaría generando un mecanismo de crédito indirecto a la caja fiscal con recursos locales a una tasa de interés muy baja o hasta nula desde el BCE para su direccionamiento hacia los más necesitados en esta emergencia.  Solo como ejercicio con valores:  una operación de este tipo, totalmente factible para el BCE en el orden de los USD 800 millones, con un subsidio o transferencia directa, canalizado por los municipios, a las familias necesitadas, en el orden de USD 400 a cada una (el bono ofrecido actualmente por el gobierno es de USD 60), permitiría apoyar a un número entre 8 y 10 millones de ecuatorianos (entre 4 y 5 miembros por familia).

De forma similar, con un crédito del BCE de USD 400 millones a la Corporación Financiera Nacional (CFN), y otro igual a Banecuador, se podría canalizar créditos en promedio de USD 20 mil a 20 mil pequeñas empresas y a 20 mil agricultores.

En términos financieros, para el BCE esto significa una afectación en algunos índices por su mayor exposición crediticia, pero de ninguna manera pondría en riesgo a esta entidad (es un banco central), ni tampoco afectaría a las reservas internacionales -como muchos pueden argumentar sin bases-, las cuales por otro lado deben también resguardarse con un segundo frente a atenderse de inmediato y que es la protección de la dolarización.

Ya en febrero de 2018, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se presentó al presidente y su gabinete, la necesidad imperiosa de incrementar los aranceles a 365 partidas de mercancías no esenciales para la economía nacional.  Sin afectar ningún compromiso internacional, con ello se podría generar una recaudación anual cercana a los USD 400 millones y una retención de divisas en el país por la reducción de importaciones en USD 800 millones, según estimaciones de esa cartera de Estado. La aplicación de esta medida, postergada hasta la fecha por intereses de grupos importadores, se vuelve indispensable, así como la aplicación nuevamente de salvaguardias para otros productos.

En esta línea de contención de divisas, fundamental para la sostenibilidad de la dolarización, es preciso considerar acompañar los esfuerzos con un incremento del impuesto a la salida de divisas (ISD), que con carácter temporal desincentive la fuga de capitales, respecto de la cual ya se presentan evidencias de que se está produciendo desde los primeros meses de este año.  La aplicación de este incremento deberá respetar las excepciones establecidas exclusivamente para importaciones de materia prima y bienes de capital, para transferencias para pago de colegiaturas y manutención de estudiantes en el exterior, y para el repago de créditos contratados fuera del país.

Estas primeras acciones de carácter inmediato pueden complementarse con financiamiento en el exterior para nutrir en algo a la caja fiscal, si es que hay todavía acceso a recursos afuera debido al alto riesgo país, y también si existe la voluntad de los organismos multilaterales de modificar sus políticas crediticias frente al problema económico mundial generado por esta crisis de salud.

Pero en un segundo momento, a la salida de la crisis sanitaria, es imprescindible implementar un programa económico integral orientado al objetivo fundamental de impulso productivo y de generación de empleo a través del consumo, como base para un futuro desarrollo económico y social asentado en una dinámica que mejore sostenidamente las condiciones de vida de los ecuatorianos.  Un programa de estas características deberá incluir medidas consistentes e interdependientes en todos los sectores: real, monetario, fiscal y externo; evitando la reducción característica de las visiones dogmáticas que entienden al manejo económico como un problema de cuentas fiscales, y a la economía como un acervo de recursos con los cuales pueden medrar unos pocos hasta su agotamiento.